Sobre este episodio
Las declaraciones juradas de los tres generales arrestados en la operación Coral 5G indican que tienen bienes en conjunto por unos 167 millones de pesos. Esa cifra ya es alta para asalariados de los que no se espera una gestión empresarial fuera de su trabajo como militares. Pocos ciudadanos o quizás ninguno puede acumular millón alguno a partir de un sueldo pero los militares dominicanos han sido la excepción de la regla desde la era de Trujillo. Sin embargo esos 167 millones resultan la cabeza de un alfiler ante el hecho de que los mismos imputados poseen de más de 125 propiedades y ustedes saben lo que eso significa. Es muy probable que la suma de dos o tres de esos inmuebles sume más que los 167 reconocidos en las citadas declaraciones juradas. Inicialmente a nadie en las fuerzas armadas le extrañan esos bienes porque es casi seguro que la mayoría de sus pares ande en circunstancias parecidas. La madeja de complicidades es lo que ha permitido los entramados de corrupción que se han conocido en las ultimas dos décadas. El expediente contra el senador de San Juan, ingeniero Félix Bautista, indica que el grupo que operaba sus negocios movió 70 millones de pesos en un día por tres bancos. Siendo el Reservas el origen. En el caso de la operación Coral y Coral 5g de nuevo el banco de Reservas es protagonista. Una gerente de sucursal operaba junto al grupo y manejó el 90 por cientos de sus movimientos sin causar el menor ruido. Y una entiende que los bandidos tengan cómplices pero no entiende lo fácil que se puede burlar el sistema que aparentemente depende de las decisiones de personal subalterno. Cuando yo compré un carro con financiamiento bancario tuve que llenar cinco páginas de información por la ley de lavado. Pero los ladrones y lavadores parece que no tienen esos problemas. El sistema financiero dominicano está más que regulado. Pero, cuando una ve estos casos tiene que preguntarse porqué es tan fácil saltarse las normas cuando hay mucho dinero de por medio y también con qué frecuencia gente que no viene de la corrupción política sino de otros ámbitos del delito puede hacer lo mismo?
