Sobre este episodio
La policía mató ayer a dos sospechosos del asalto al Banco de Reservas en el que se robaron unos seis millones de pesos. Con eso cierra el caso del robo que se produjo en mayo de este año. En cuatro meses la policía investigó, juzgó, condenó y aplicó la pena de muerte a los asaltantes. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la tarde de ayer la prisión preventiva que pesaba contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en la Operación Coral, tras más de tres años en los tribunales. El juicio a los implicados en los casos Coral y Coral 5G que implica un fraude al erario por más de 4, 500 millones continúa el 26 de septiembre. Los dos hechos ocurrieron el mismo día y son un reflejo de como actúa el sistema de justicia de la República Dominicana. El viernes el MP apeló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que liberó a Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón a pesar de que la empresa reconoció que había pagado en la RD 92 millones de dólares en sobornos. Los abogados de la defensa de ambos imputados dijeron que era una persecución contra sus defendidos. El pasado lunes murieron Dos hombres murieron en los sectores de Invivienda y Los Corales de San Luis, respectivamente, del municipio Santo Domingo Este, supuestamente al enfrentar a una patrulla policial que los seguía por "varios crímenes violentos", entre ellos homicidios. Según una comunicación de prensa de la Policía, Rafael Velásquez Florentino y Carlos José Díaz eran perseguidos por crímenes que cometieron en Baní, provincia Peravia. El mismo lunes Participacion Ciudadana revelaba que el juicio preliminar de la operación medusa que supone un fraude de seis mil millones de pesos había sido reenviado en 94 ocasiones porque se acató la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodriguez de que se leyera la acusación de 12 mil páginas. Esos casos son ejemplos fehacientes de cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país. Si va a robar robe mucho. La operación Medusa multiplica por mil el robo al Reservas pero para sus implicados hay que respetarles todos los derechos y que bueno que sea así. Esos son los casos de la administración pasada. El gobierno actual no ha podido explicar por qué el contrato con Transcore para la instalación de semáforos se siguió aplicando a pesar de una orden contraria del TSA y de la paralización dispuesta por la dirección de compras y contrataciones. Pareciera que es un fraude pero no hay un preso ni parece preocupar a nadie. Tanto en el caso de Transcore y los semáforos como en el caso de los pasaportes a la administración de Abinader que anda firmando pactos éticos se le ha perdido la s de transparencia. Si se confirma que una empresa tiene que ganar, oigan bien tiene que ganar el concurso para el pasaporte electrónico, todo el discurso del gobierno se irá al suelo y habrá que prepararse para volver a la calle.
