Que en las cárceles se consuma drogas no es noticia. Se consume de todo, se venden los cuerpos de hombres y mujeres y ni ahora ni nunca antes se ha hecho un esfuerzo por ordenar mínimamente esa situación. Lo ha impedido la corrupción. El último incidente vinculado a la corrupción y los negocios que sobre todo benefician a policías y militares en el sistema carcelario fue el desmantelamiento de un almacén de bebidas en el penal de la victoria. Ese almacén desmantelado en noviembre pasado estaba nada mas y nada menos que en el baño del coronel José Rodríguez Valenzuela que a la sazón era el jefe de seguridad del penal. En la misma Victoria en el 2022 fue desmantelado un sistema de fibra óptica para la distribución de señales de internet cuya instalación requería de personal técnico competente. El cable de fibra llegaba por la vía subterránea o sea que se cavó una zanja kilométrica para ello sin que nadie lo viera. Sin embargo la denuncia de Guanchy Compres de que tres reclusos han sido hospitalizados, uno de ellos en cuidados intensivos, como resultado de un concurso de consumo de drogas en el interior de una carcel rompe todos los records. Una se pregunta cuanta droga ingresa a ese penal de manera que se posibilite hace un concurso de consumo. Cuántos privados de libertad, como se dice ahora, participaron en él y cómo todo eso ocurre en un recinto carcelario sin que las autoridades del penal se enteren. Insisto que una sabe que en la cárceles se trafica todo pero por sentido común hay que suponer que los únicos reos que participaron en el concurso no fueron los que llegaron a los niveles de intoxicación. Comprés ha pedido el traslado de todo el personal que trabaja en la cárcel de la Isleta y una se pregunta para qué. Esa práctica de los traslados de policías muda el problema para otra parte. No sé a quién le toca investigar ni a quién le toca sancionar pero alguien debe hacerlo.