Sobre este episodio
Los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo usaron ayer una palabra dura para enjuiciar la ratificación de la Junta Central Electoral de su decisión de hacer cumplir los plazos de la ley electoral que aprobaron los legisladores de esas organizaciones políticas. Sucede que peledeistas y fupuistas indicaron que la decisión del pleno de la JCE conducía a una falta de credibilidad. Eso dicho desde ahora pasa de la advertencia a la amenaza y lo que es peor debilita al actor principal del proceso electoral que es quien lo organiza. Los morados porque los Fupus no existian creyeron ciegamente en lo bien que la JCE organizó el proceso electoral del 2016 que reeligió a Danilo Medina a pesar de que los equipos adquiridos a la empresa indra que nos costaron 27 millones de dólares no funcionaron. No dejaron de creer en la JCE liderada por Roberto Rosario cuando el informe de la OEA indicaba que las herramientas tecnológicas usadas presentaron notables dificultades y que no había familiarización entre los técnicos y usuarios con los equipos adquiridos. Los equipos de Rosario indicaron que Danilo ganó con un 62% y no sé en que momento se contaron los votos. Hace tan solo tres años que en RD se suspendió por primera vez un proceso electoral y no recuerdo que los ya divididos PLD y FUPU expresaran falta de credibilidad en un órgano electoral que fue responsable de una crisis política sin precedentes. El PLD desde el gobierno trató de encubrir el tollo con una farsa en la que intentaron atribuir el desastre a un simple técnico de una telefónica. Eso fue hace tres años. Hoy ante el hecho de que la JCE se plantea el control de los tiempos de campaña tal cual establece la ley desde ese litoral hablan de falta de credibilidad y me parece que eso es peligroso. En un comunicado de respaldo a la JCE emitido ayer por PC dice lo siguiente: “Realizar marchas en abierto desafío a la autoridad electoral y amenazar con desórdenes para que se les permita mantener un proselitismo al que no están autorizados, es un comportamiento que envía un mensaje muy negativo a la ciudadanía, sobre todo en momentos en que luchamos por disminuir la criminalidad, violencia y toda clase de violaciones a las leyes. Los partidos políticos deben entender que el respeto a la autoridad legítima es una de las reglas fundamentales sobre las que se construye la democracia; solo con instituciones firmemente apegadas a las leyes y a los supremos intereses nacionales podremos avanzar en la construcción de una sociedad mejor. Participación Ciudadana expresa su apoyo a la Junta Central Electoral en la aplicación de todas las facultades que las leyes le otorgan. Ayer dijimos que tendrían que escoger entre su amenaza de calle y los tribunales y parece que escogieron lo último, pero el peligro de debilitar el órgano electoral desde antes de que se inicie el proceso no lo pagará el tigueraje de esos partidos sino la sociedad completa.
