Los diarios de hoy traen la sentencia de la Suprema Corte de justicia y el Tribunal Constitucional que notifica al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección de aduanas prohibir la exportación de baterías. La Suprema Corte hace valer ahora una sentencia que en tal sentido emitió el Tribunal Constitucional en 2018 y que ha sido desacatada por esas instituciones. El conflicto inició en el 2018 cuando una empresa local demandó al ministerio de medio ambiente por la aprobación de un reglamento que viola su propia ley y la norma del convenio de Basilea. La empresa local que opera en Haina había llenado los requisitos para el manejo y procesamiento de baterías. El procesamiento de baterías implica una gran inversión para la protección de los trabajadores y el medio ambiente local. Los exportadores simplemente recompran baterías usadas y las almacenan hasta su salida del país. Ocurre en cualquier punto del país. Por coincidencia los diarios publican la sentencia un día después de que el confeso asesino de Orlando Jorge Mera tuviera la oportunidad única de defenderse sin tener que explicar lo que los fiscales investigan. ¿Qué investigan los fiscales en el caso Jorge Mera? los fiscales señalan que Miguel Cruz acudió con la intención de matarlo al no haber conseguido la aprobación de unos permisos medioambientales para la exportación de unas baterías usadas. Por el caso las autoridades tienen bajo investigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vista de que el acusado tenía documentos en originales en su poder con los que se solicitaban los permisos para las baterías usadas. La empresa había solicitado un permiso para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido rechazado pero lo habían reintroducido, las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran multiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada”, dice un escrito depositado en corte. Yo no estaba al día de la sentencia cuya ratificación se publica hoy pero estoy segura de que Miguel Cruz y la empresa Aurun Gavia la conocían tanto como el ministro asesinado. Cruz Pichardo quería que se violara la ley, el acuerdo de Basilea porque era su negocio y por su negocio mató a un ser humano que se llamaba Orlando Jorge Mera. He escuchado varias veces a la Procuradora General de la República decir que los tribunales son el espacio para que ofensores y ofendidos defiendan su puntos de vista. Los privados de libertad que pueden pagar un equipo de comunicación como Yanalan Rodríguez son escasos. Miguel Cruz tuvo en el programa de Nuria un privilegio único. Se defendió sin que un fiscal replicara. La sentencia conocida hoy es una paradoja porque explica el punto de vista del muerto sin que este tuviera la posibilidad de hacerlo. Cuando designaron a Orlando Jorge Mera en Medio Ambiente sin que se conociera su trayectoria en el sector dije aquí que lo único que tenía que hacer era cumplir la ley. Como humano pudo cometer todos los errores del mundo en su muy corta vida pero murió por defender la ley y eso en República Dominicana no es abundante.