En la tarde ayer el director de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel informaba que en breve será publicada una investigación sobre la gestión del director de proyectos especiales de la presidencia Neney Cabrera, denunciado por irregularidades en una modesta licitación de pinturas e investigado en relación al plan de gestión de residuos sólidos. Está investigación sería la sexta o séptima en contra de un funcionario de la administración de Luis Abinader sin que se acabe el mundo. En la noche el poderoso Lisandro Macarrulla anunció que tomaba una licencia de su puesto como ministro de la presidencia en tanto su hijo es parte de los sometidos por la operación Medusa. Macarrulla había defendido públicamente a la empresa MAC involucrada en el sonado caso, de la que dijo era la empresa familiar y de quien dijo conocer todos sus actos. Para Fines de background debo decir que los funcionarios de la administración Abinader que han tomado licencia de su puesto en un proceso de investigación, cual quiere que fuere la causa, han terminado fuera del gobierno. Así ocurrió con Leo Faña sometido en un caso penal y la ex ministra de la juventud Kimberly Castillo y el ex director del Imposdom Adam Peguero imputados en casos de corrupción . La suerte de Macarrulla está echada. Si de algo estamos seguros es que hay gente en el gobierno de Abinader buscándosela e incluso encontrando la forma de hacer negocios y de robar desde la administración pública. Llegar al gobierno a “hacerse” es parte consustancial de la práctica política dominicana. La diferencia de esta administración con las anteriores es que si bien reconoce los actos de corrupción el presidente Abinader no toma ninguna acción política para proteger a los ladrones del erario. El ministerio público independiente al que se comprometió en campaña nos da a diario una lección nueva, y cada lección fortalece la esperanza de que se puede construir un país con un mínimo de decencia política. Luis Abinader no ha podido con la cultura de corrupción en la administración pública pero se ha dado el lujo único de no sumarse a la impunidad que convirtió el estado dominicano en un preciado botín en el que políticos y empresarios se enriquecieron a costas del dinero público. Varios de los imputados en el caso Medusa tienen apellidos de los más sonoros de la RD gente que nunca en su vida pensó que estaría en una situación de esta naturaleza. Ayer me decían que la mayoría de los sometidos en la operación Medusa residen ente Naco y Piantini; Serrallés y La Esperilla o sea el polígono central de la capital. Si es cierto, como se dice, que todavía no se ha hecho pública la más grande investigación del MP llegó la hora de comprar palomitas.