Sobre este episodio
El periódico Diario Libre destaca hoy que el Banco central vendió los terrenos del Canódromo El coco a una empresa en la que aparece como accionista el ministro de vivienda Carlos Bonilla Sánchez. Según la nota del gratuito en la operación no hubo que recurrir a información privilegiada porque el inmueble estaba en venta desde el 2017 y no hubo alteración en el precio porque la adquisición se hizo por el monto que había sido establecido en la publicación original que fue de 298 millones de pesos. La noticia, que siempre son las malas, es que la adquirió una empresa en la que el ministro es accionista y que la operación se realizó dos meses después de que ocupara el cargo. Cuando uno ve el titular piensa una cosa y cuando lee el cuerpo otra. Es evidente que un funcionario no puede adquirir un bien público y hay que preguntar sobre el caso a la dirección de ética. Para actual en justicia yo quisiera preguntar cuántas y cuales empresas compitieron con una oferta y si acaso hubo alguna que ofreció una suma mayor a la que demandaba el vendedor que fue exactamente por la que se realizó la operación. También habría que preguntar porqué el precio se mantuvo igual durante tanto tiempo. Al ser designado en el INVI, Bonilla Sánchez presentó una declaración jurada de bienes, según la cual es socio, con 99 acciones o cuotas, en CBS Developments, empresa en la que percibe un ingreso por sueldo de RD$600,000.00. A esa empresa, de la que era socio principal y ocupaba la función de dirección y control de ejecución de proyectos completos, declaró haber entrado en enero del año 2000 y salir en septiembre de 2020. Las dudas sobre las actuaciones de los funcionarios son necesarias en tanto manejan fondos públicos y en cuanto tienen acceso a informaciones privilegiada. No conozco al ministro de vivienda, reconozco que no compró a precio menor y que no necesitó usar información privilegiada. Pero debe tener claro que usted o está en lo publico o en lo privado. Yo no sé si en este caso, que es una venta publicada hace cinco años y realizada por un organismo del nivel del Banco Central, debe actuar la dirección de compras y contrataciones pero espero una aclaración del funcionario o de la empresa. Si hay un lujo que no se puede dar el gobierno de Abinader es que se surjan dudas sobre las actuaciones de sus funcionarios. Quizá la justicia no sirva para enfrentar a los ladrones viejos pero estoy segura de que está atenta ante cualquier eventualidad que tenga que ver con esta administración. Si la justicia no sirve la ciudadanía está vigilante.
