Sobre este episodio
Ya nadie recuerda a Víctor Polanco el primer funcionario de la administración de Luis Abinader destituido por una denuncia de irregularidades en su gestión. Polanco era viceministro de interior y Policía y se fue tan temprano como el 20 de noviembre del 2020 apenas dos meses después del cambio de gobierno. 9 días después el país fue conmocionado por el inicio de la operación antipulpo que envolvió a dos de los hermanos del ex presidente Danilo Medina, un ex ministro de salud, el ex director de la OISOE, el ex director del FOMPER y un paquete de prestanombres. Esos dos elementos marcan un cambio radical en la vida pública y sobre todo política de la República Dominicana que desde la Era de Trujillo se había caracterizado por el criterio de llegar al Estado a enriquecerse contando con la impunidad del sistema de justicia y la tolerancia de la población hacia la corrupción política. Ayer fueron enviados a prisión José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Dos de los hombres más poderosos de la administración Medina y otros 18 vinculados en la operación Calamar recibieron otras medidas de coerción en la mayoría de los casos por reconocer su responsabilidad y llegar a acuerdos con el MP. Gente como Angel Lockuard con imputaciones de corrupción desde hace 30 años reconoció su responsabilidad y Santiago Moquete, que anda brincando en temas de tierras el mismo tiempo, también. En líneas sencillas el Caso Calamar fue un esquema para financiar irregularmente la campaña electoral del 2020 no solo en favor del candidato presidencial Gonzalo Castillo, sino de todos los candidatos del entonces Partido de Gobierno. 19 mil millones de pesos que se sangraron al Estado y del que una parte ni siquiera llegó al propio partido, porque los ladrones no llevan libros contables. Esa gente está hoy en un proceso judicial por robo al erario y eso era impensable en la RD hasta hace tres años. Solo hay que recordar que los libros de Participación Ciudadana 20 años de impunidad y Corrupción sin Castigo citan mas de 200 casos de corrupción administrativa que no avanzaron en el sistema de justicia en la mayoría de los casos por desinterés del MP. Casos como los vagones del Metro, PEME, PRODABA, Felix Bautista, Sun Land, la financiación de FUNGLODE y ODEBRECHT terminaron en limbos jurídicos o abortos judiciales. Estamos admirados por los 19 mil millones de pesos de la operación Calamar porque ya olvidamos que el caso del senador Bautista envolvió 26 mil millones de pesos. Y ese señor es senador de la República. Ayer la magistrada Yenny Berenice Reynoso anunció la solicitud de un juez especial para el diputado Perremeista Sergio Moya, conocido como Gory involucrado en la operación Calamar que la semana pasada acudió al congreso donde asiste muy poco a defender su honor. Hay que decirle que lo defienda delante de un juez o jueza. Ayer también, Mérido Torres, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado anunció que tomará licencia para lo mismo: Limpiar su honor. A Mérido hay que desearle suerte quizá el sea el único funcionario de la administración Abinader que toma una licencia y vuelve a su puesto, hasta ahora no ha pasado. Con el son 30 los funcionarios de la actual administración que se han ido por distintos escándalos y que no tienen plazo de regreso entre ellos 5 ministros. Hay un cambio en la sociedad dominicana que los políticos no acaban de advertir y puede que ese cambio arrastre a una gran cantidad de profesionales del robo al erario.
