Ayer el ministerio público se quejó de que al ritmo que llevan los casos de corrupción todos se van a diluir porque, como en el caso de los Tucanos, vencerán los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. Los carísimos abogados de los funcionarios corruptos han adoptado la dilación como estrategia procesal y hay dinero para pagarles mientras se pierde tiempo. La operación Medusa donde el principal imputado es el ex procurador YANALAN Rodriguez es el caso de referencia, el juez Amaury Martinez rechazó la lectura abreviada del expediente de 12 mil páginas y de junio hasta acá apenas se han leído seis mil. Es probable que los fiscales pasen otros cuatro meses o sea hasta el año que viene leyendo el voluminoso expediente. Nadie tiene presión, el tema de la corrupción ha salido de las primeras planas, los juicios aparecen en las páginas interiores de los diarios y todo el mundo es feliz en un país donde prevalece la jurisprudencia de la corrupción. El juez Amaury Martinez recibió el caso de YANALAN en julio del 2022 o sea hace más de un año y al parecer la vuelta será larga. Y no me digan que los jueces fueron designados en los gobiernos del PLD porque nada es absoluto. Es probable que haya jueces y fiscales comprometidos con el pasado pero no es posible que sea la mayoría. Tampoco es posible que el agradecimiento por entrar a una carrera judicial se extienda hasta la destrucción de la propia carrera. Google no perdona. Las actuaciones de todo el sistema de justicia queda ahora registrado de por vida y quien decide ser juez o fiscal entre otras cosas busca prestigio porque el ejercicio privado del derecho es mucho más rentable económicamente. Yo sé que a YANALAN, a los Medina Sánchez y a Peralta y Donald Guerrero que son los nombres más sonoros de los casos en justicia le sobra dinero para pagar la pérdida de tiempo, pero nosotros, llamados la ciudadanía, estamos tan entretenidos con el diferendo fronterizo y otras maracas, que el ruido de las irregularidades en 19 auditorías ha pasado desapercibido y si no se han encontrado anomalías mayores es porque los números resultan irrelevantes ante los casos del gobierno de Danilo Medina. El presidente de la República usa el tema de la transparencia como argumento de campaña pero su partido pone distancia y en términos legislativos y municipales es más de lo mismo. Nuestra población olvida que el gobierno más cercano es el municipal, vota a lo loco y después le demanda al ejecutivo o a quien sea. Que el diputado come sica haya renunciado cuando le dio su maldita gana porque en dos años y 4 meses el PRM no pudo quitarlo de la posición es la mejor muestra de que en esa organización política no hay compromiso alguno en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público tiene casi dos años investigando a los legisladores Faustina Guerrero, Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos y Darío Féliz. Gory Moya está incluido en la operación Calamar. A Pilarte le doblaron el brazo pero de los otros sabremos el lunes. No se puede creer en un compromiso del PRM en la lucha contra la corrupción si como partido no es capaz de investigar el origen de los recursos para la financiación de cada una de sus candidaturas.