Los dominicanos no somos dados a dar una mirada integral a los hechos que nos sacuden pero cuando leo la solicitud de medida de coerción a los imputados en la operación Gavilán no dejo de pensar en lo que dice la del caso Medusa que imputa al ex procurador general de la República YANALAN Rodriguez porque no creo que una cosa esté separada de la otra. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa estableció que en la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República se eliminó de manera “intencional” la base de datos de los servidores y de los ‘backup’ conectados en línea, se alteró la data de información de los departamentos administrativos y se borró la que contenía los datos y usuarios de los fiscales, de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradición, Control de Evidencias y Bienes incautados. Como yo no sé de derecho debo simplemente colegir que la imputacion de eliminar los archivos no es el hecho penal mas importante dentro del expediente de la operación Medusa porque es tratado a manera de incidente, ya que el fondo es el manejo irregular de los contratos públicos. Pero tal como dije ayer borrar los archivos públicos tiene una trascendencia social y política que supera cualquier numero porque nos afecta directamente a todos y todas. Es muy posible que vivamos al lado de un delincuente blanqueado por la mafia actual o de un extraditable borrado por el equipo de Yanalán. Pero lo peor que nos puede pasar es que tengamos o llevemos al congreso de la república que es el primer poder del Estado a personas con casos de alta criminalidad. Ayer cuando escuché a la senadora Faride Raful clamar contra la presencia en el congreso de abusadores sexuales, lavadores de activos, riferos y toda sarta bergantes disfrazados de legisladores e incluir a su propio partido entre los responsables de ese despropósito me sentí bien porque me representa y mal porque pone en evidencia el papeleta mata a menú que prevalece en la actividad política dominicana de las últimas décadas. A los partidos dominicanos hay que lavarlos con agua de lejía. Hemos avanzado lo suficiente para que haya un rechazo generalizado al candidato de la FUPU a la alcaldía de Santo Domingo Este, el señor Julio Romero; pero ta poco para que las diputadas, Pilarte de la Vega y Guerrero de El Seibo inscriban sus candidaturas para ser reelegidas al congreso a pesar de estar involucradas en dos de los grandes casos de lavado de activos. Un cabo me dijo que por lo menos dos senadores se han salvado en sendas investigaciones porque los papeles no aparecen. La falta de escrúpulos no es un delito pero es la base de varios. la desfachatez y la desvergüenza para decir que porque no han sido condenados son inocentes tampoco lo es. No sabemos el número de legisladores que se ha beneficiado de la mafia del lavado de cara pero si los partidos quieren votos tendremos la oportunidad de identificar a varios.