Los nuevos elementos en torno al contrato firmado por el Instituto de Tránsito y Transporte tanto desde la dirección de compras y contrataciones como del amparo elevado por la empresa ante el TSA indican que el asunto ya debe ser asumido por el Ministerio Público porque el asunto está pasando de castaño a oscuro. Hace par de días que el señor Jochi Gomez reconoció que era el principal beneficiario del contrato y dijo casi con altanería que solo había recibido 200 milloncitos porque aquí después de la era del PLD 200 millones son paja pa las garzas, pero son 200 millones de nuestro sudor. Hoy Diario Libre publica que aunque el desembolso fue de esos 200 millones y que el señor Gomez dijo en tv que era dinero para comprar los equipos, el intrant certificó que la ejecución del contrato era de un 65% y por eso la empresa tiene argumentos de forma para ir al tribunal. La dirección de compras y contrataciones revisó de nuevo el proceso y encontró otros macos y por suerte quienes financiaban la campaña para atribuirle la responsabilidad al guachimán y no al que roba cesaron o fueron cesados. Una tiene que preguntarse ¿cuál era el apuro, por qué llevar un contrato de ese tamaño a millón? ¿Qué ganaba el INTRANT con certificar una ejecución por encima de lo real? ¿Cómo es que no sabíamos que el suplidor anterior desconectó el servicio desde el mes de mayo? ¿Cómo es que no sabíamos que los técnicos del área habían pedido la intervención hasta del DNI para garantizar la seguridad de más de 300 intersecciones que quedarían desguarnecidas por el proceso? Esto ha pasado de la duda publica y la elucubración mediatica a lo penal. Nadie puede hacerse el tonto con P porque es sabido que la mucha bondad se parece a la pendejá.