Sobre este episodio
La Cámara de cuentas ha sido noticia en la República Dominicana en tres ocasiones: En el 2008 cuando sus integrantes renunciaron en medio de denuncias de dolo, en la pasada gestión que reconocieron que habían maquillado auditorías y que ahora es investigada por el Ministerio Público y la actual que en medio de las diferencias internas ha generado 12 investigaciones especiales que han permitido el inicio de los grandes casos de corrupción. Con ese antecedente no se entiende por qué el partido de gobierno se ha enfrascado con tesón en la campaña de un juicio político a todos los miembros de la entidad. Y no se entiende porque se supone que el gobierno de Abinader está comprometido con la lucha contra la corrupción. La crisis de ese órgano del Estado fue provocada por el método de reparto con el que los legisladores y los partidos se dividen las entidades colegiadas. Pero no hay un mea culpa de los políticos. El PRM ha llevado la cosa tan lejos que en su comunicado de ayer expresaba que quienes entienden que no es momento para iniciar el famoso juicio político se oponen a la transparencia. Ahora los perredistas son los dueños de la transparencia y nos recuerda la época en que se dividía el país entre peledeistas y corruptos. La ciudadanía debe saber que inmediatamente se inicie un juicio político los integrantes de la Cámara de cuentas quedan suspendidos y que los procesos para constituir una nueva entidad tomaran meses. Entre el juicio y los procesos de selección de nuevos miembros. Parecería que el PRM quiere un limbo y luego designar una cámara de cuentas con sus leales. Un cabo me informa que en el oficialismo hay un terror a dos investigaciones especiales que están a punto de salir y una de las cuales maltrata a un ex ministro. A lo mejor es una conjetura pero los cabos que me llaman rara vez se equivocan. Esas investigaciones ya fueron enviadas a los responsables para que repliquen las imputaciones. Si la cámara queda descabezada ahora esas investigaciones especiales no saldrán y todos serán felices. Para la aprobación de un juicio político se requiere una votación especial de las dos terceras partes de la matrícula de la Cámara de Diputados. De 190 legisladores que tiene la Cámara Baja se necesita contar por lo menos con 127 votos. No obstante, el oficialista Partido Revolucionario Moderno tiene 98 votos, mientras los dos principales opositores suman 76, de ellos 58 de los peledeístas y 18 de Fuerza del Pueblo. Los 16 restantes corresponden a algunos aliados, opositores e independientes. El apuro del PRM tendrá que acudir a la compra de legisladores o a la negociación para un pacto por la impunidad. El martes sabremos la decisión que han tomado.
