Bolívar Ventura Rodríguez fue un contratista con suerte en las administraciones del PLD en la que obtuvo contratos millonarios. Ustedes recuerdan que es uno de las testigos que en el caso pulpo devolvió 25 millones de pesos que habría recibido en el entramado liderado por Francisco Pagán. Sus negocios empezaron en la era de Félix Bautista y el estado le debía millones de pesos. La descripción de la investigación que realiza el ministerio público, en la que se sigue la ruta del dinero, resulta tan común como conocida en la República Dominicana. La diferencia son los números, el tamaño de las comisiones y la voracidad de los involucrados. Ventura Rodríguez confesó que José Arturo Ureña, en presencia de Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) le hicieron la propuesta de que si estaba dispuesto a entregar 600 millones de pesos de los mil millones que el Estado le adeudaba como contratista. El Ministerio Público afirma que Ventura Rodríguez fue llevado ante el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, por las personas que lo habían contactado y que allí el funcionario le indicó que debía hablar con Jiménez Collie y Ureña “para el tema del dinero que ellos iban a requerir y que los pagos saldrían del Ministerio de Hacienda. Los investigadores indican que este llegó a entregarle 527 millones de pesos en efectivo a los investigados ahora por el supuesto fraude contra el Estado. Explica que este elaboraba cheques a nombre de empleados suyos, quienes los cambiaban y los entregaban en efectivo. En la solicitud depositada ante la jueza, los investigadores citan 11 cheques que fueron cambiados y el dinero entregado a José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo y Ramon Emilio Jiménez Collie (Mimilo). Imaginen lo que significa para la calidad de las obras públicas que un contratista esté dispuesto a pagar el 60% por ciento del monto que le deben con tal de recuperar algo. Piensen el tamaño de la sobrevaluación para que esto fuera posible. En el caso Odebrecht los incrementos presupuestales por sobrevaloración de obras para el pago de sobornos fueron establecidos en más de mil 200 millones de dólares lo que convirtió a RD en el tercer país de la región donde más se engrosaron los presupuestos para que el esquema funcionara. Aunque en el caso que involucra a Guerrero la negociación ocurre a posteriori porque están en las postrimerías del administración se cae de la mata que se revise las obras involucradas en este caso. Los pagos por expropiaciones siguieron una ruta parecida. Una sesión de crédito a favor de un tercero con una recuperación de 40 para el propietario y 60 para la banda. Aunque yo no sé si a los que llevan saco y corbata se le puede decir bandidos.