Sobre este episodio
El 9 de febrero del año pasado escribimos un comentario a propósito de los seis diputados del PRM que encaraban casos judiciales y que por su condición de legisladores iban a jurisdicción privilegiada. Para quienes no lo saben esa jurisdicción privilegiada es una instancia única que es la Suprema Corte de Justicia. Escribimos el comentario cuando Gregorio Domínguez fue sometido por ordenar la destrucción de la vivienda de una señora en Punta Rucia y explicamos la condición en que se encontraban sus pares Rosa Amalia Pilarte López, de La Vega, y a los legisladores Miguel Gutiérrez Díaz y Luis René Fernández Tavárez, éstos de Santiago. En el caso de la llamada operación Falcón fueron sometidos Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera. Ustedes recuerdan que Pirrín le dio una bola a su ex colega y funcionario gubernamental Juan Maldonado Castro, esposo de la diputada Guerrero. Ahora en la operación Calamar está Gory Moya, vapuleado en casos judiciales desde hace más de dos décadas y así fue elegido diputado. La época del mérito político o social para participar en política activa se pierde en la memoria de los dominicanos y dominicanas que estamos condenados a apretarnos la nariz ante la hediondez de nuestros político en ejercicio. Una nota que publica hoy el LD a propósito del caso Calamar explica en mucho el fenómeno de los legisladores millonarios, los únicos que pueden optar por esa posición cuyo acceso parecería imposible para cualquier persona que viva con el sudor de su frente. Francisco Pagán, pasado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados de la provincia de Santiago y el aspirante a senador del Partido de la Liberación Dominicana. En promedio cada candidato de la provincia Santiago recibió 5 millones de pesos y seguro que esos no fueron los únicos que recibieron, esos fueron los que llegaron por esa operación. Con razón Danilo Medina dijo que la pasada había sido la Campaña más cara de la bolita del mundo. Cuando sigan saliendo datos de la Operación Calamar quizás sabremos cuanto gastó el PLD para lograr cada legislador porque ahí nada salió de sus bolsillos sino de los nuestros. Lo que gastaron los legisladores del PRM no lo sabremos, pero el average de legisladores vinculados al narcotráfico y al lavado de activos nos da una idea. Cuando se destapó el lío de la operación Falcón algunos legisladores citaron el costo de ser elegidos entre 20 y 40 millones de pesos dependiendo del tamaño y complejidad de la demarcación en la que fueron elegidos. Cristobal Rodriguez escribía hace unas semanas a propósito de la Ley Electoral y los montos de gasto permitidos en campaña que “la lógica es que quienes resultan electos son los que más dinero tienen, y desnaturalizando la esencia misma de la democracia”. Eso resulta en un congreso totalmente alejado de las necesidades de las personas y de los intereses de las demarcaciones que los eligen. Como este es uno de los pocos países en que se puede legislar en beneficio propio esos congresistas ratificaron en la ley electoral las condiciones que le permiten permanecer en el puesto a papeletazo limpio. La lucha contra la corrupción tiene que incluir el seguimiento a la financiación de las campañas como un elemento fundamental. A los fiscales los casos le llegan a posteriori a los partidos deberían llegarle antes de que las situaciones pasen. ¿Me gustaría saber cuántos Gory hay en el PRM?
